En lo que va del año, muchos empleados estatales fueron echados sin explicación. Llegaban a trabajar a sus oficinas y no podían entrar: sus nombres figuraban en una lista. Así se enteraron de que estaban despedidos. ¿Cómo se confeccionan los listados? ¿Cuáles son las razones? Ariadna Castellarnau, empleada de Cultura que acaba de quedarse sin trabajo, cuenta la metodología en la toma de decisiones de las nuevas autoridades, la falta de evaluación de desempeño, y lo que viven miles de personas que se quedaron sin empleo de un día para el outro.
Sergio llegaba a su trabajo, en la sede central de Fabricaciones Militares en Cabildo al 65 una hora antes, sobre las siete de la mañana, porque le gustaba tener tiempo para prender los extractores, las cocinas y los hornos. Mostraba su credencial en la puerta y saludaba a los de seguridad –los mismos que después, con pesadumbre, serían los encargados de anunciarle que estaba despedido. Cuando llegaban sus otros tres compañeros ya estaba todo listo para cocinar. Hacían unas trescientas comidas por día, incluyendo menús para celíacos. El trabajo terminaba a las cuatro, pero él se quedaba hasta más tarde. Especialmente desde que en diciembre asumieron las nuevas autoridades y rescindieron el contrato con la empresa tercerizada que se encargaba de la limpieza. Sergio terminaba su día limpiando él mismo los extractores y las campanas de la cocina llenas de grasa.
Desde hace dos semanas, Sergio cumple su horario de trabajo en la vereda, ya que tiene vedado el paso al edificio. Llega a las ocho de la mañana y se queda hasta las cuatro. Ahí se encuentra con una cincuentena de trabajadores en su misma situación. Ninguno de ellos puede cruzar las puertas del lugar donde trabajaron hasta el 1 de febrero. Se sientan en la escalinata para hacer asamblea y ver cómo hacer frente a la oleada de cesantías que se los llevó puestos. En total son 140 los despedidos. De la misma manera que suelen llegar los accidentes fatales, sucedió de un día para otro, sin que mediara ninguna explicación.
Sergio tiene 46 años y trabaja desde hace 24 en el rubro de la gastronomía. Cuando se enteró de que había una vacante de auxiliar de cocina en Fabricaciones Militares, llevaba cinco años trabajando en un hotel de Córdoba. Lo oferta le pareció tentadora. Más plata y mejores condiciones, así que mandó su cv y lo llamaron. Le hicieron una entrevista grupal y luego dos individuales. También tuvo que asistir a varias charlas donde le contaron qué era Fabricaciones Militares, qué hacían las personas que allí trabajaban. Le fue bien en las entrevistas, le ofrecieron un contrato y se mudó a Buenos Aires.
El lunes 1 de febrero Sergio acababa de regresar de sus vacaciones en la costa bonaerense y se sentía descansado y feliz, pero al llegar a Fabricaciones Militares se dio cuenta de que algo andaba mal. Había trabajadores en la calle formando fila y las puertas estaban cerradas. “Tienen una lista y si tu nombre aparece ahí, no te dejan pasar”, dijeron. Él aparecía en la lista. Desde ese día espera a que le llegue el telegrama de despido. Como no llega, o se perdió o tal vez nunca fue enviado, él va todos los días y se queda afuera, no sea que luego le achaquen abandono de puesto de trabajo.
Sergio no quiere que sus hijos, de siete y tres años, lo vean mal, que noten su angustia, que le hagan preguntas. Paga un alquiler y aún no sabe cómo se las va a apañar de aquí en adelante. La incertidumbre puede ser la peor de las torturas. Sus amigos lo llaman por teléfono para ver cómo está y le dicen, bajando un poco la voz, que andan rumoreando cosas sobre él.
—¿Qué rumorean?—
—Que te echaron por ser el cocinero personal de Bárbara Grané—.
Grané era la gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales y la esposa de Santiago Rodríguez, ex interventor de Fabricaciones Militares y militante de la Cámpora. Sergio ni siquiera la conocía personalmente.
La primera vez que escuché la palabra ñoqui referida a una persona, a un vago, para ser más precisos, fue cuando llegué a este país hace siete años y una pariente de mi marido me contó durante un asado que Macri era un buen jefe de gobierno porque había sacado a todos los ñoquis. “Este tal Macri cambió el menú”, pensé, “qué bueno”. Vivir en otro país, con otros registros lingüísticos, puede tener efectos lisérgicos. Ahora, por uno de esos caprichos de la vida, me encuentro viviendo eso que tanta extrañeza me producía.
Son las diez de la mañana y la puerta del Ministerio de Cultura de Alsina al 400 tiene la reja baja. Vengo a una reunión con las autoridades. Se supone que hoy van a darnos explicaciones sobre los despidos y a aclarar la continuidad laboral de toda la planta de la Dirección Nacional de Industrias Creativas. Al otro lado de la reja, dos hombres de seguridad a quienes nunca antes había visto me piden el nombre. Veo cómo recorren con la mirada un listado; los escucho pronunciar mal mi apellido, como para cerciorarse de que soy yo, efectivamente, la que aparece resaltada con marcador naranja. Los que aparecemos en naranja estamos en el horno. “No podés pasar”, me dicen. Noto su vergüenza, lo poco que les gusta hacer ese trabajo, y pierdo las ganas de discutir. Me quedo afuera, con otros compañeros que tampoco discuten porque saben que es inútil. Han pasado sólo cuatro días desde que el viernes 29 de enero nos enteramos de que nuestros nombres figuraban en una lista de despedidos, pero cuatro días bastan para descender a los escalafones más bajos de la valoración y estimación social. Desempleado, ñoqui, persona non grata. En literatura a esto se le llama un cambio de fortuna del personaje y es lo que hace avanzar la trama y que el lector se entretenga. En la vida real resulta menos divertido.
Decidimos tomarnos un café en una confitería de enfrente y esperar a que termine la reunión. Desde el Ministerio nuestros compañeros nos avisan por whatsapp que una de las autoridades va a bajar a hablar con nosotros. Al cabo de unos minutos “la autoridad” se sienta en nuestra mesa.
—Esta situación me excede—dice.
Según cuenta, se enteró de los despidos al llegar a su oficina el viernes 29 de enero.
—Los nombres que están en la lista se decidieron de manera aleatoria en la unidad de ministros y no responde a ninguna evaluación o mal desempeño por parte de los despedidos.
Intercambiamos miradas. ¿Deberíamos sentirnos mejor? No somos ñoquis. Es una cuestión de presupuesto. Somos, por decirlo de algún modo, víctimas de un ajuste que está barriendo al personal del Estado. Ser víctima es muchísimo mejor que ser ñoqui, esto desde luego. Las víctimas tienen dos puntos a favor: son siempre inocentes y tienen voz propia.
El desprestigio del empleado público es casi un lugar común. En su novela Les employés (de 1836) Honoré Balzac atacaba encarnizadamente la estrechez de miras del empleado de oficina pública: “Burocracia, el gigantesco poder ejercido por pigmeos […] una simpatía natural por la mediocridad, una predilección por los informes y las afirmaciones categóricas […] tan meticulosos y entrometidos, en resumidas cuentas, como una burguesita”. En estos días, los reclamos por los despidos de los empleados estatales no logran convocar al resto de la ciudadanía, que los ve como una suerte de clase privilegiada, más allá de lo que ganen y de la legitimidad obtenida para acceder a sus empleos. Por momentos, la preocupación parece no sobrepasar el cerco de cierta clase, en especial porteña, progresista aunque no necesariamente militante. El desprestigio del empleado público sigue siendo algo compartido por muchos sectores de la sociedad.
En una asamblea entre delegados y personal del Ministerio de Cultura en el hall del edificio de Alsina (los despedidos no podemos pasar de ahí) conozco a Valentina Vigliecca, Delegada de ATE-CTA en el Ministerio de Cultura. Somos más de un centenar. Ha venido gente desde la sede de Alvear y de Alsina al 1100. Valentina nos explica que desde ATE van a movilizarse para defender a los trabajadores despedidos y el laburo de todos. “El ñoqui no llega a la puerta de su trabajo y se entera de que está despedido. Se entera un mes más tarde, cuando no cobra el sueldo”.
En mi despido y el de mis compañeros hay algo que se me escapa, somos parte de un juego del que desconozco las reglas. “Acá todo cambia de un día para otro”, “esto ya pasó antes”, “esto no es nada comparado con el 2001”. Mis amigos argentinos tratan de calmarme echando mano de su experiencia, porque ellos conocen los ciclos de la historia de este país. Porque ellos sufrieron el corralito, el desempleo y la crisis cuando yo era una universitaria en la España del bienestar, cuando creíamos que jamás nos iba a faltar el laburo.
–Para mí, salir del sector privado y entrar en la administración pública fue una conquista personal.
Esta trabajadora –que me pide que no revele su nombre porque está buscando trabajo y siente que esta situación puede perjudicarla – es una de las personas que entró en 2015. La franja sensible. Los sospechados. El decreto 254/2015 publicado en el Boletín Oficial instruye “a los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal”. Asimismo estipula que “para aquellos que hubieran celebrado su primer contrato durante los años 2013, 2014 o 2015, la renovación será por 3 meses”. Hasta el 4 de febrero, según el Despidómetro, van 25956 despidos.
Yo entré en 2013 y también soy una sospechada. Tanto es así, que ni tan siquiera he podido llegar al término de mi contrato por tres meses. Un amigo mío catalán se burla cariñosamente y me dice que ahora soy “una perseguida política”. Le digo que me encantaría ser una perseguida política, pero que sólo era una trabajadora precarizada cuyo contrato pendía de un hilo. Empiezo a investigar qué programas del Ministerio de Cultura han sido desmantelados este último mes, a la búsqueda de una posible descalificación ideológica y política. Me encuentro con que el coordinador del programa de Afrodescendientes, Javier Ortuño, también ha sido despedido.
–La subsecretaria de Cultura Ciudadana me dijo que, en mi caso, podía aplicar el derecho de admisión, como si el Estado fuese un boliche.
En Afrodescendientes trabajaban cinco personas (incluyendo a Javier). Ahora sólo queda un empleado y no tiene tareas asignadas. Una fuente de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana (de la cual depende el programa) asegura por teléfono que está previsto que Afrodescendientes siga adelante, pero que aún no se decidió el cómo. Esta situación se repite en muchas dependencias del Ministerio de Cultura y otras áreas: trabajadores sin nada para hacer porque las nuevas autoridades aún no empezaron a definir acciones. Algunos empleados hasta se inventan y asignan tareas, como es el caso de “el Grone”.
Diego Grona, “El Grone”, es muralista y artista visual y trabajaba desde 2011 en el área de Cultura e Infancia. Su situación condensa la precariedad laboral de muchos empleados estatales. Durante tres años trabajó con un contrato de locación de obra, cobrando 4500 pesos por mes, pagándose sus aportes. En 2014 lo pasaron a lo que se conoce como “la 48”, que es algo así como ser un náufrago en un mar embravecido y que alguien te tire una madera. La 48 (Ley 25164 /Art.9) es un monotributo con aportes sociales, pero este tipo de contrato puede rescindirse de un día para otro, como le pasó a él. Su trabajo consistía en crear e impartir talleres de educación artística en las villas del territorio nacional. Se las arreglaba con un presupuesto bajísimo y con los recursos que tenía a mano. Cuando asumieron las nuevas autoridades, y antes de que lo echaran, hizo su último taller sin que nadie se lo pidiera, sólo porque quería seguir trabajando.
–Estaba cansado de que no me dieran nada para hacer. Así que un día agarre unos frascos de vidrio, unas cartulinas y me fui a la Villa 31. Ahí con los chicos hicimos mermelada y diseñamos etiquetas.
El Grone y su compañera (que trabajaba en el Ministerio de Justicia) fueron despedidos la misma semana. Alquilan un departamento en el barrio de Retiro y tienen dos hijos, uno de ellos con un retraso madurativo.
El programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por ley en el año 2002 y dependiente del Ministerio de Salud, es otro de los que sufre un proceso de desmantelamiento. Hasta el lunes 1 de febrero contaba con 56 trabajadores. Dos días después ya eran veinte los despedidos. Para la nueva gestión, se trata de un programa con demasiada gente, demasiado grande, demasiado lejos del número deseable: 15 empleados.
María entró en el Ministerio de Salud hace siete años, en plena epidemia del dengue y la gripe H1N1. Como trabajadora de la línea 0800 de “Salud Responde”, le tocó no sólo informar, sino también derribar mitos, porque junto con las epidemias, suelen llegan los brotes de xenofobia. Luego pasó a atender las dudas relacionadas con salud sexual y VIH-SIDA. Los llamados solían ser largos y María escuchaba, veinte minutos, media hora de angustias que ella iba calmando con paciencia infinita. Por fin le tocó hacer lo que más le gustaba: involucrarse en el territorio, “con las patas en el barro”. Se capacitó y empezó a formar promotores de salud, cooperativistas y agentes sanitarios que –según sus propias palabras– “son el último orejón del tarro del sistema, pero que son la referencia y la cara de la salud en el barrio, a quienes los vecinos conocen y en quienes confían, a quienes recurren mucho antes de animarse a ir al hospital o a la salita”. Su trabajo le encantaba, aunque no era fácil. Hacía un mínimo de dos viajes por mes, muchas veces poniendo plata de su bolsillo para recibir los viáticos meses después. Se enteró que estaba despedida a través de una lista. Nadie le explicó la causa.
El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable no sólo se dedica a “repartir preservativos” como señalan los promotores de los despidos, sino que ha significado un avance enorme para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina. Durante los últimos años, desarrolló una serie de guías para profesionales de la salud, donde se aclaran aspectos vinculados al uso de anticonceptivos, a la atención de mujeres que fueron víctimas de una violación, en casos de abortos legales, y de personas trans de acuerdo a la Ley de Identidad de Género, entre otros temas. “Con 15 personas no vamos a poder cumplir con los objetivos del programa”, señala Camila Lynn, trabajadora en ese sector y delegada de ATE.
Los despidos sin evaluación de idoneidad, sin aparente criterio, afectan a trabajadores y técnicos que, como Natalia Vaca, desarrollan tareas fundamentales y cuya cesantía implica incluso el perjuicio de terceros. Natalia es abogada y trabaja en el programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya función es garantizar la protección integral de las víctimas, testigos, querellantes y funcionarios involucrados en el proceso de juzgamiento por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Natalia tiene un vínculo personal, de puro amparo, con los testigos: los llama por teléfono cuando se enferman, se sienta con ellos en el banquillo durante las audiencias, los contiene cuando el pasado les sube por el estómago como una náusea. Su primer trabajo consistió en convencer a un testigo puntual de torturas durante la dictadura de que se prestase a declarar. Los fiscales llevaban dos años tratando de persuadirlo sin resultado, pero Natalia fue a su casa, consiguió que la dejara pasar y se sentó con él toda una tarde a tomar mate y a charlar de la vida. Logró convencerlo. Lo único que le pidió el testigo era que ella lo acompañase durante el juicio. Natalia le prometió que no iba a dejarlo solo.
A Natalia Vaca la echaron a veinte días de reanudarse la etapa de alegatos del juicio, en un momento muy sensible para las víctimas, cuando aún no saben si éste va a resolverse a su favor o no. Los testigos quedaban librados a un estado de inseguridad y vulnerabilidad.
–No había nadie más que desempeñase mis funciones y mi despido significaba un retorno al viejo sistema de notificación a través de la Policía Federal y Gendarmería. Te imaginás que por la propia naturaleza de los hechos que investigamos, las víctimas no se sienten cómodas con la presencia de fuerzas de seguridad en sus viviendas.
Natalia Vaca ha sido reincorporada a sus funciones, después de que sus propios compañeros, los organismos de Derechos Humanos de Salta y el tribunal presionaran a las autoridades.
Paula Basilico, delegada ATE de Fabricaciones Militares, suma un punto de vista trascendental: los despidos llaman a más despidos. Las 140 cesantías –que afectaron a trabajadores como Sergio– se produjeron en las áreas que garantizan la producción y el funcionamiento de las cinco fábricas que dependen del organismo: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Planeamiento de Gestión, dirección de Producción, Comunicaciones y TTII Inversiones y Calidad. Esto significa que en la actualidad, hay líneas enteras de productos que quedaron desatendidas, sin los trabajadores encargados de tareas clave, como el posicionamiento del producto en el mercado o la comunicación.
En una grabación difundida en el programa “Minuto uno”, puede escucharse cómo Cristian Fernández, subinterventor de la Sede Central de FM, comunica a los trabajadores que a la nueva dirección no le interesa la fabricación de vagones Tolva granero (para cuyo desarrollo fueron necesarias 5000 horas de ingeniería argentina y empleó a 80 trabajadores y 150 pymes proveedoras) y que la orden es seguir fabricando balas, chalecos y gases lacrimógenos puesto que se espera –dice con un deje de cinismo– “una demanda creciente”. Cuando uno de los empleados le pregunta cuál es exactamente el plan de las nuevas autoridades, el subinterventor contesta como un maestro zen: “el plan también puede ser el no plan”.
En la Fábrica de Rio Tercero –donde se fabrican los vagones de carga– los 640 trabajadores temen por la continuidad de sus contratos. Muchos de los empleados son menores de 40 años y tienen familia. Algunos hacen turnos de 6 horas, los 365 días del año. El resto trabaja de 7 a 15, de lunes a viernes. Son operarios, técnicos y profesionales de distintos rubros que viven, alquilan y consumen en Rio Tercero. “Es fácil prever el impacto que tendría en la comunidad un despido masivo”, sostiene Cristian Colman, delegado de la fábrica.
La noche del 29 de enero, en la puerta de C5N nos encontramos los despedidos. Nos han convocado para salir en la televisión, pero en el estudio caben sólo 30 personas. Uno de los delegados de Cultura nos pide que entremos quienes llevamos más tiempo trabajando, como para desmentir aquello de que los 494 fuimos contratados a última hora, en una tanda apresurada, antes de cerrararse las puertas del horno donde se cocían los sueldos abultados y los privilegios a mansalva que nos atribuyen. Pero cuando ya estoy en el estudio y empiezan a encenderse los focos, me angustio y pido que alguien me reemplace. Me agarra, de repente, el complejo de extranjería. Cuando salgo, me encuentro con la gente de Ronda Cultural, un programa del Ministerio que hacía circuitos guiados por museos y espacios culturales nacionales a bordo de minibuses. Su público era muy heterogéneo: gente de clase media, chicos en situación de vulnerabilidad, personas hipoacústicas, ancianos.
Pablo, uno de los integrantes del programa y guía especializado, como otros empleados de cultura, el 29 de enero se encontró con las puertas de su lugar de trabajo cerradas y un nuevo personal de seguridad con órdenes de no dejar pasar a nadie. Pablo y los 26 integrantes de Ronda trabajaban en el CePIA (Centro de Producción e Investigación Audiovisual) que queda en la calle Vera 745. Ahí ni siquiera se tomaron la molestia de enviar listas. En el CePIA, esa mañana, sólo había candados y silencio. Hasta que comenzaron a sonar los celulares y al otro lado de la línea, voces alarmadas les contaron que en otros Ministerios estaba sucediendo lo mismo, como en esas películas catastróficas, de domingo a la tarde, en las que un virus empieza a replicarse en distintas partes del mundo. A Pablo un amigo que trabajaba en la sede de Alvear le mandó un whatsapp con unas fotos. Al principio no entendía nada, hasta que se dio cuenta de que eran listas y que su nombre y el de sus compañeros aparecían entre otros centenares de nombres y que eso no podía ser bueno. “¿Qué es esto?”, preguntó. “Son listas de despedidos. No sabemos nada más”, le contestaron.
Una semana antes de que me despidieran me llamaron de Recursos Humanos para pedirme unos datos. Estaban haciendo una planilla de Excel con información básica sobre el personal y necesitaban mi nombre, mi edad, en qué año había entrado en el Ministerio y qué función cumplía. Cuando traté de profundizar un poco más en mis tareas, me dijeron que no era necesario, que sólo con una descripción general, con unas cuatro o cinco palabras era suficiente. Para Valentina Vigliecca y otros delegados de ATE de distintos Ministerios la hipótesis más viable es que los funcionarios entregaron estas planillas al Ministerio de Modernización.
¿Los despidos se deciden entonces a través de una planilla de Excel? ¿A esta gente le bastó con un renglón y unas pocas celdas para decidir la idoneidad de tanta gente?
Conozco compañeros a los que las nuevas autoridades les pidieron el contenido de las carpetas de sus computadoras; otros a los que les preguntaron si aceptarían trabajar con personas con las que no estuvieran de acuerdo ideológicamente. No puedo decir nombres porque un derivado natural de esta situación es el miedo. Los que aún siguen adentro temen que los pongan a ellos también en una de esas listas fabricadas de manera aleatoria por burócratas anónimos. Escuchar la palabra lista en boca de todos.
“¿Vos también estás en la lista?”
“Yo estoy en la lista”
“Yo no, pero mañana quién sabe”.
Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, los despidos fueron llevados a cabo por “vía de hecho”, lo que significa que la administración actuó fuera de su ámbito de competencia y al margen del procedimiento establecido, que no contempla las listas como método de despido. En su criterio, “puede iniciarse un reclamo indemnizatorio por daño moral y violación de la Ley Antidiscriminatoria, además de un recurso de amparo pidiendo como medida cautelar la inmediata reincorporación en el cargo mientras el tribunal se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de los hechos y los actos por medio de los cuales han sido desvinculados los trabajadores”.
El desguace de oficinas y unidades del Estado no se circunscribe a Capital. Silvia tiene 53 años. Empleada del Centro de Documentación Rápida de la Estación Ferroautomotora, en Mar del Plata, trabajaba turnos de 12 horas, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, los fines de semana y feriados. Durante la semana tiene una changa con un productor de seguros. Entre los dos trabajos, más el de su marido –que tiene un sueldo fijo pero modesto– se las arreglan para sacar adelante su familia numerosa. Tienen cinco hijos que dependen de ellos, tres en el secundario y dos hijas en la universidad. La mayor está terminando los finales para recibirse de médica y colabora con la familia trabajando los fines de semana en una pizzería.
En la oficina sus compañeros la consideran una madre. Cuando un recién nacido se largaba a llorar en el medio del trámite para el DNI, ella salía del mostrador y lo acunaba. Le gustaba su trabajo. No le importaba pasar en la oficina los siete días de la semana, ni las jornadas de doce horas. “Todo vale por los hijos”, dice Silvia al teléfono.
El 1 de febrero empezó a circular el rumor sobre los despidos. Silvia decidió llamar a su jefa, en Buenos Aires, quien le confirmó que su nombre estaba en una lista junto con el de otros dieciséis compañeros de los veinticuatro empleados. Ninguno de ellos ha recibido aún el telegrama. Desde el sábado 6 de febrero están en asamblea permanente. Junto a las computadoras están los colchones donde duermen por las noches hasta que se aclare su situación.
La pesadilla no acaba con la lista sin membrete ni firma oficial que enarbolan los de seguridad –muchas veces subcontratados para la ocasión, pues el personal de seguridad habitual se niega a hacerle pasar ese mal rato a los compañeros que ven todos los días– ni con la inminencia del telegrama. La pesadilla sigue después, cuando las autoridades no acuden a sus lugares de trabajo para dar explicaciones y los despedidos tenemos que enfrentarnos a la humillación de ir a buscar nuestras cosas a los escritorios, custodiados por personal de Recursos Humanos, como si temieran que vayamos a robarnos la Mac de un funcionario.
En un audio que circula por la red puede escucharse cómo Leandro Bruno, representante del área de recursos humanos y especie de interventor en el ajuste del Ministerio de Cultura, comunica con total frialdad –e irregularidad– el despido a los trabajadores.
Leandro: la idea de hoy es que puedan ir ingresando aquellas personas que quieran retirar sus efectos personales de sus puestos de trabajo y me mandaron a mí para que los acompañe.
Afectada: ¿Vos sos de recursos humanos?
Leandro: Sí
Afectada: ¿Nos podrías dar entonces una entrevista?
Leandro: Si ustedes quieren yo puedo atenderlos de a uno o de a dos simplemente para acompañarlos a retirar sus efectos personales. No tengo más que eso para decirles. Sé que tienen preguntas pero no soy la persona para dárselas.
Afectada: ¿Quién te dio la orden?
Leandro: Hasta ahí puedo hablar.
Afectada: ¿Y quién nos puede dar una explicación dentro de recursos humanos?
Leandro: Tampoco puedo indicarlo.
Afectado: ¿Quién sos? ¿Qué autoridad tenés?
Leandro: Yo no estoy impidiendo el ingreso. A mí me pusieron para que los acompañe a retirar sus cosas.
Afectado: Entonces sos “acompañador para retirar las cosas”.
Leandro Bruno aparece en Linkedin como jefe de recursos humanos Rastic Hnos. S.A. / Cresta Roja. Sin embargo, cuando trato de entrar en su perfil, me encuentro con que ha sido dado de baja.
El telegrama llega, al fin, el día 3 de febrero. Mi marido me llama por teléfono para prepararme. Se encierra en la habitación para que nuestra hija de cuatro años no escuche en su voz la preocupación. Le pido que me lea el texto.
LE COMUNICAMOS QUE PRESCINDIREMOS DE SUS SERVICIOS A PARTIR DEL DIA 29/02/2016 RELEVANDOSELO DE PRESTAR SERVICIOS DURANTE EL MES DE PREAVISO. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Lo que todo despedido quiere saber es por qué lo echaron. El comunicado oficial del Ministerio de Cultura que justifica el despido de 494 trabajadores afirma: “En su inmensa mayoría se trata de personas que fueron designadas durante la gestión anterior en el transcurso de 2015. Entre el personal desafectado se cuentan decenas de casos de nombramientos producidos en el mes de diciembre, horas antes del cambio de gobierno”.
Le escribo a Pablo Avelluto, Ministro de Cultura, quien me contesta a las pocas horas pidiéndome que me comunique con la responsable de Prensa. Lo hago. La responsable de Prensa es amable pero tajante. Pero sobre todo es inconmovible, en clara sintonía con un Ministerio que fletó a casi 500 empleados en un solo día. Le digo –midiendo las palabras– que me gustaría saber cómo se tomó la decisión de echar de golpe a tanta gente.
–El Ministerio de Cultura hizo un relevamiento de personal para detectar aquellas trabajadoras y trabajadores que no cumplían con sus tareas o que no tenían tareas concretas.
Le objeto que muchos despedidos no tuvimos una entrevista personal con las nuevas autoridades. La responsable de Prensa me saca entonces el tema del “crecimiento desmadrado del número de trabajadores” de los últimos tres años y la necesidad de ajustarse a las necesidades reales del Ministerio, algo que ya dijo el Ministro en Radio con vos.
–¿Y las listas? ¿Por qué se eligió ese método de despido? –pregunto.
–Los despidos no fueron comunicados a través de listas. Los telegramas se mandaron el día 28 de enero. Que lleguen a destino no depende de nosotros.
Recuerdo entonces otra de las declaraciones de Pablo Avelluto en el mismo programa de radio. “Ninguna metodología es buena para decirle a alguien que no vaya a laburar”. Cierto –pienso–, pero algunas son legales y otras no.
Le digo a Mabel Thwaites Rey, profesora titular de la materia Administración y políticas públicas carrera de Ciencia Política de la UBA, que busco una lógica, una explicación, un algo.
–A diferencia de los 90, cuando el libreto del neoliberalismo era el que imperaba, hoy no hay un libreto unánime ni en la política ni en lo económico. Los despidos son una medida disciplinaria por la vía del desempleo. La forma de quitar fuerza a los trabajadores es ampliar la tasa de desempleo y favorecer la negociación a la baja de los salarios.
Una nota de Le Dipló firmada por Verónica Ocvirk arroja un dato relevante: en Argentina el empleo público (contabilizando nación y provincias) representa casi el 17% de la población económicamente activa (PEA). Esto nos ubica en los índices de la región y bastante por debajo de países desarrollados y con alto nivel de vida como Noruega (35%), Dinamarca (35%), o Reino Unido (23%).
Por otro lado, la última década en Argentina se caracterizó por un modelo de Estado con amplia presencia en el plano social y económico, lo cual –es fácil deducir– se ve reflejado en el incremento del número de empleados públicos. De acuerdo al Boletín Fiscal presentado por el Ministerio de Economía en enero pasado, en el tercer trimestre de 2003 el Poder Ejecutivo Nacional contaba con 245.366 empleados, mientras que la cifra en el mismo trimestre de 2014 asciende a 358.491. Esto que algunos llaman “crecimiento desmadrado”, casi nunca se asocia a la siguiente variable: en los últimos años se incorporaron 15 nuevas empresas estatales (se crearon 9 y se re estatizaron otras 6); también se conformaron 12 nuevas universidades nacionales y se constituyeron otros 11 organismos descentralizados.
En cuanto a los salarios, el informe del Cippec “Evolución y distribución del empleo público en el sector público nacional argentino. Una primera aproximación” señala que si bien se da una elevada heterogeneidad en la distribución de los salarios, el 70% de los empleados del PEN y de los otros entes del Sector Público Nacional está dentro del rango que comprende los 4.000 y 10.000 pesos. Este dato se complementa lo que sostienen Horacio Cao y Maximiliano Rey en el artículo “Planta Permanente”, publicado en esta misma revista. Según los autores, “dar de baja el 10% de la de la planta de personal de la administración (pública) centralizada -unas 30.000 personas- no significaría un ahorro superior al 1% del presupuesto”. La razón que subsiste detrás de los despidos no es por lo tanto de índole fiscal, sino ideológica. Aunque, dice Maximiliano Rey: “no hay que confundir las razones ideológicas con la persecución ideológica. Más que echar personas por su filiación política, lo que están haciendo es bajar aquellos programas que no concuerdan con la idea de Estado que tiene este nuevo gobierno. Las cesantías en la Secretaría de Comercio se produjeron, justamente, porque no les interesa tener gente que investigue las cadena de valor”.
Aún falta sumar datos. Por ejemplo, el Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela” va en camino de convertirse en uno más de los tantos baldíos que la maquinaria del PRO va dejando a su paso. No han abierto las inscripciones este año para nuevos cursos. Desde 2014, “Nueva Escuela” involucra universidades, institutos de formación superior y gremios para ofrecer propuestas formativas gratuitas online a los docentes de nivel inicial y primario del país con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. Consta de 13 postítulos y 20 cursos nacionales, que abarcan temáticas muy variadas: Derechos Humanos, Alfabetización, Políticas Socioeducativas, Lectura en la escuela, Educación financiera o Educación, consumo y ciudadanía entre otras. En diciembre, las nuevas autoridades anunciaron a algunos coordinadores y responsables que el programa podría cerrarse aproximadamente en junio. Esta semana les comunicaron que en el mejor de los casos, llegará a mayo y poco más. Macri anunció la caída de todos los convenios de las universidades con ministerios; dinámica con la cual funciona este programa. Los alcances de esta decisión tienen que ser dimensionados no sólo a través de la cantidad de gente sin trabajo (como es el caso de los tutores, los responsables de contenidos y otros actores implicados), sino también por el número de docentes que no podrán finalizar su formación (se estima que alrededor de unos 300.000 inscriptos en postítulos y unos 100.000 inscriptos en cursos nacionales).
Con todos estos datos y los testimonios siento tengo el contexto del que carecía al principio. Pero sigue faltando el por qué. Mejor aún: tengo un por qué, pero no me satisface. No me echaron por no saber inglés, por quemar la cafetera del jefe, por cometer faltas de ortografía, por no saber combinar la ropa, por cualquier otra razón absurda y preferible a la verdad. Me echaron porque “éramos muchos”. Porque “somos muchos”. Y en ese discurso unificado, homogéneo, en ese nuevo relato que sin ningún tipo de disimulo implanta la idea de un Estado demasiado grande, con demasiada gente, yo –que soy una trabajadora y no me sobra nada– sólo veo los significantes “poco” y “menos”. Para el nuevo gobierno, “demasiado” es una amenaza fruto de una época de excesos, mientras que “poco” y “menos” son, por lo contrario, el horizonte deseado. Pocos empleados, menos programas estatales, menos presupuesto gastado en sueldos, menos todos.
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